Los presidentes municipales de Cuautitlán Izcalli y Cuautitlán México, no llegaron a un consenso para celebrar un acuerdo amistoso respecto al diferendo de límites territoriales sobre el Pueblo de San Mateo Ixtacalco; tendrán un periodo de 30 días para presentar la documentación que sustente los argumentos presentados ante la Comisión de Límites Territoriales del Poder Legislativo del Estado de México.
Durante la primera audiencia llevada a cabo en el palacio del Congreso mexiquense, el alcalde de Cuautitlán México, Ariel Juárez Rodríguez, explicó existen dos amparos del 2002 y del 2009, que hablan sobre sentencias que determinan como parte del territorio del municipio que hoy gobierna al Pueblo de San Mateo Ixtacalco. Por tal motivo, solicitó a la Comisión de Límites Territoriales aclare y corrija la trayectoria de la línea limítrofe al considerar que existe un mal trazo en el polígono y sus vértices.
“Mediante el amparo 748-2008 en el que se concedió a favor del municipio de Cuautitlán la protección de la justicia y la unión del poblado de San Mateo Ixtacalco en virtud de que dichos poblados con sus ejidos pertenecen al municipio de Cuautitlán, lo cual viene de origen; Cuautitlán tiene 195 años creado y el municipio de Cuautitlán Izcalli tiene 46, entonces Cuautitlán Izcalli se funda sobre el municipio de Cuautitlán”, señaló el edil.
Por su parte, Ricardo Núñez manifestó que no es voluntad del municipio de Cuautitlán Izcalli llegar a ningún acuerdo amistoso y entregó al Diputado Presidente de la mencionada comisión, Juan Pablo Villagómez, un documento “que demuestran de manera clara, contundente, la improcedencia de la acción sustentada por el municipio de Cuautitlán México”.
Además, expuso que, en torno a los argumentos vertidos por su homólogo de Cuautitlán, estos no son procedentes pues la ley no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio del municipio, al tiempo de puntualizar que el decreto que crea a Cuautitlán Izcalli establece que el Pueblo de San Mateo Ixtacalco forma parte del nuevo municipio y no solo la mitad.
Al respecto, Juan Pablo Villagómez refirió que, al no llegar ambas partes a un acuerdo amistoso, tendrán un plazo de 30 días hábiles para presentar a la legislatura todas las pruebas que consideren son suficientes, para acreditar sus argumentos.